PUERTO PLATA.-La Gobernación Civil de Puerto Plata decidió ofrecer una versión sobre el escándalo que envuelve a la Brigada de Acción Comunitaria (BAC), organización sin fines de lucro que está acusada de usurpar funciones militares en violación a la ley de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado dado a conocer este miércoles, la Gobernación explica que apoya a las personas que han tomado la iniciativa de reclamar que las autoridades investiguen la condición legal de las actividades de la BAC, la cual es manejada por el extranjero Fernando Sergio Lopes Gomes.
De igual manera, la institución que representa al Poder Ejecutivo en esta provincia indicó que se ha mantenido en contacto con la Policía y el Ministerio Público con el propósito de que se esclarezcan las denuncias hechas en contra de entidad sin fines de lucro.
“Igualmente, la Gobernación de Puerto Plata aseguró que no apoya ni apoyará ninguna acción de cualquier personas o entidad, que difiera lo establecido en la Constitución y otras normas de la República Dominicana”, concluye el comunicado firmado por el gobernador Iván Rivera.
Desde hace casi un mes ciudadanos han venido demandando esclarecer sobre las funciones de la Brigada de Acción Comunitaria, puesto que esta fue registrada como una ONG, pero usurpaba las funciones de otras instituciones.
Algunos de los miembros de la referida organización todavía visten ropas con insignias de militares, constituyendo un desafío para la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de esta jurisdicción, la cual canceló temporalmente la certificación a la BAC por violar la ley 222-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ONG).
Asimismo, se está a la espera que la Fiscalía de Puerto Plata en la persona del magistrado Osvaldo Bonilla decida si instrumentará o no un expediente contra los directivos de la BAC.
Se recuerda, además, que la Alcaldía de San Felipe de Puerto Plata aclaró mediante una certificación que la BAC no está registrada en ese cabildo como establece el artículo 228 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
En un allanamiento el pasado 2 de junio en el Hotel Kelvin, ubicado en la calle profesor Juan Bosch, en donde funcionaba la BAC, miembros del J2 y del Ministerio Público ocuparon pertrechos militares, documentos de la organización, entre otros.
Ciudadanos a través de las redes sociales acusaban a la Gobernación de Puerto Plata de estar protegiendo a los directivos de la BAC.
