PUERTO PLATA.-El grupo cívico Somos Pueblo denunció este miércoles que Gonzalo Castillo, mientras estuvo como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fue suplidor del Estado lo que constituye una violación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
Con la denuncia, dicho movimiento desmintió el rumor que se puso a circular en las redes de que ofrecería su respaldo al precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), quien dejó este lunes el cargo.
“Somos pueblo respalda la candidatura de Gonzalo Castillo, pero para la cárcel del 15 de Azua”, dijo el movimiento en rueda de prensa antes de ofrecer las pruebas de su denuncia.
Entre las empresas propiedad Gonzalo, Somos Pueblo citó a Helidosa, la cual se define como la empresa aérea más importante de República Dominicana.
“Esta empresa vendió cuatro vuelos privados al ministerio de Hacienda, por concepto de viajes de delegaciones encabezadas por el entonces ministro Simón Lizardo hacia Venezuela y Jamaica, los cuales le costaron al Estado 3 millones 849 mil 879 pesos”, indica.
Igualmente, la empresa MINICOMPSA, a través de la cual, según la denuncia, Gonzalo Castillo vendió más de 14 millones de pesos a por lo menos 10 entidades del Estado siendo ministro de Obras Públicas.
AeroAmbulancia, Constructora Castillo Lopez y Asociados, también figuran en la lista.
Somos Pueblo anunció que en los próximos días recogerán firmas de ciudadanos para solicitar a la Procuraduría investigue estas y otras denuncias, algunas de las cuales ya han sido formuladas previamente. En horas de la mañana el equipo de Gonzalo Castillo desmintió que Somos Pueblo estuviera dispuesto a apoyarla.
“Pudimos encontrar que estas empresas han vendido más de 17 millones de pesos después del 2012 a más de 10 entidades gubernamentales siendo Gonzalo Castillo Ministro de Obras Públicas, dentro de las cuales figuran el Ministerio de Hacienda, la DICOM, La Banca Solidaria, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. (CNZFE), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el FONPER, el Ministerio de Trabajo, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), ADUANAS y la OISOE, la CDEEE y EDEEste”, señala el documento.
