PUERTO PLATA.-La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dio a conocer este viernes que el presidente Luis Abinader, suspendió de manera provisional a 36 funcionarios de la actual gestión gubernamental por no haber presentado sus declaraciones juradas de bienes.
El mandatario dictó el decreto 674-20, en cuya motivación se resalta el alto interés de la presente administración en mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración.
En razón del mismo los funcionarios quedan apartados de sus cargos y sin disfrute del correspondiente salario hasta tanto den cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que instituyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y Servidores Públicos.
Los funcionarios suspendidos son: Fernando José, Viyella Valencia, Miguel Ángel, Lajara Pena, Arismendy de Jesús Almonte Bueno, Francisco Leonis, Fernández Onoire y Héctor Radhames, González Medina, Persio Cándido y Cruz Pichardo.
También fueron suspendidos: Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, Teofilo Sosa Carrión, Francisco Vasquez, Erodis Fernelis, José Antonio Sánchez Martínez Díaz Díaz, Eribert Jose Grullón Aersta y Hugo Alberto Taveras Rautista.
José Luis Polanco Henriquez, Benjamín Reynoso Cabrera, Francisco Javier Santuni Fiallo, Juan Alberto Durán Álvarez y Otto Manuel Gómez Sánchez.
Además, Silvestre Ventura, José del Carmen Oviedo Tejada, Leónidas Ceballos Santana, Máximo Antonio Gómez, Carlos Espinal, Marcia Margarita Rodríguez Gómez, Ángel Darío Ramírez Medina y Denny Mauro.
Felix Manuel Beltré, Francisco Alberto Jiménez, Francisco Jiménez Reyes, Juan Adolfo Familia Beltré, Máximo Florian, Menni Lolin Cuevas González, Fernando Arturo Ramírez Quiñones, Oscar David Reyes Baldwin y Yocasta Lara Hernández.
El gobierno destacó que por vez primera, la referida norma jurídica ha tenido un esfuerzo de aplicación y consecuencia.
La suspensión fue realizada a partir de la información suministrada por la Cámara de Cuentas respecto a funcionarios que, aún siendo señalados por la Ley núm. 311-14, rebasaron el plazo de treinta (30) días para hacer la presentación ante el referido órgano constitucional.
