PUERTO PLATA.-Los señores, Ramón Reynoso, Nelly Capellán y Roberto Sánchez, denunciaron a través de diversos medios que “servidores judiciales” estarían involucrados en la expedición fraudulenta de títulos para cometer fraudes y despojar a extranjeros de sus propiedades en las comunidades Punta Rucia y La Ensenada de La Isabela, en Luperón.
Un comunicado enviado por el abogado César Amadeo Peralta indica que debido a las constantes denuncias, la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia inició las investigaciones del caso que involucran a varios afectados por presunta obtención de títulos de manera fraudulenta ante el registro de títulos del D.N, en relación con la Parcela10-D, del DC. # 2, del municipio de Luperón, provincia Puerto Plata.
Indica que las investigaciones se realizan específicamente en las zonas de Punta Rucia y la Ensenada, en La Isabela y las mismas se iniciaron con entrevistas y obtención de información vital, por parte de los denunciantes y del abogado Amadeo Peralta, quien los representa, los cuales fueron entrevistados por espacio de 4 horas en esa dependencia investigativa.
“La Inspectoría General dirige las investigaciones que envuelven a empleados y servidores del Poder Judicial, para determinar la participación o la responsabilidad disciplinaria de empleados de los registros de títulos, alguaciles, agrimensores, notarios, jueces o personas vinculadas en relación con las denuncias presentadas y determinar o no la veracidad de los hechos, ya que lo denunciado por el abogado Amadeo Peralta, merece ser atendido porque de ser comprobadas”, agrega.
Dice que la supuesta actuaciones por parte de servidores judiciales eso afecta la seguridad jurídica, el clima de inversión extranjera, los debidos procesos de ley, genera desconfianza en las instituciones y afecta la imagen del país, por las acciones que se investigan y por las personas afectadas.
Indica que “La Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia ha venido cancelando empleados y sometiéndolos a juicios disciplinarios, independientemente de sus faltas penales y de responsabilidad civil, cada vez que se ha comprobado que participen en contubernio con grupos criminales, tal y como sucedió con el caso de los “Tres Brazos”, donde desvinculo y solicitó juicio disciplinario contra varios funcionarios y empleados del registro de títulos del D.N.”.
Se recuerda que los denunciantes atribuyen a una mafia compuesta por agrimensores, abogados y alguaciles en complicidad con el Director Regional de Mensuras Catastrales Zona Norte, la realización fraudulenta de “deslindes administrativos”, de propiedades que no les pertenecen a sus hoy falsos reclamantes.
La nota explica que se investigan varias personas a las cuales les pusieron títulos a sus nombres y que aún no lo saben y posteriormente aparecen vendiéndoles a una empresa de carpeta, personas inclusive fallecidas.
Los denunciantes también depositaron pruebas, que luego de realizados los fraudes, utilizan como medio de presión, extorsión y chantaje, el depósito de querellas y acusaciones contra las mismas víctimas de los desmanes de la mafia, según consta el relato de sus denuncias.
