Alcalde de Montellano nunca ha presentado su declaración jurada de bienes

José H. Rojas (el Chino)
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PUERTO PLATA.-La Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos al parecer no existe para el alcalde del municipio Villa Montellano, José Héctor Rojas Padilla (el Chino), puesto que nunca ha presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas.

Así se enteró Elatlantico.do luego de pedir a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública a la Cámara de Cuentas varios extractos de declaración jurada de algunos alcaldes, porque no se encontraban hace unos días en el portal de transparencia del organismo fiscalizador.

El Chino, como popularmente se le conocer en su demarcación, no presentó su declaración jurada cuando resultó electo en el 2016 y a pesar de que fue reelecto en el cargo en marzo del presente año tampoco ha cumplido con lo que establece la ley.

Igualmente, la alcaldesa del municipio Imbert, María Elena Ramos, no ha presentado su declaración jurada de bienes, según respondió la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del organismo fiscalizador.

“Sobre el particular le informamos que a la fecha de la presente no se han recibido las declaraciones juradas de patrimonio de los señores María Elena Ramos de Cabrera y José Héctor Rojas Padilla; ante esta institución de conformidad con las disposiciones de los artículos 5 y 6, de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio”, explica la Cámara de Cuentas en una comunicación enviada este lunes.

Lo que establece la Ley 311-14

El artículo 5 de la referida leu indica que “los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

Hay que destacar que la Ley 311-14 no es drástica contra los funcionarios que incumplen con presentar en el tiempo reglamentario su declaración jurada, al menos que incurran en falsear documentos, delito que conllevaría hasta diez años de prisión.

Expertos en la materia indican que a ambos alcaldes solo pudieran ser sancionados con medidas administrativas como la retención de sus salarios.

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