PUERTO PLATA.-La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de forma anticipada se encuentra preparando, construyendo y equipando diez recintos penitenciarios regionales con espacios para alojar a internos que pudieran resultar afectados de coronavirus, pero aclaró que en las 41 cárceles no se ha detectado casos.
A través de un comunicado la PGR, explica que de forma acelerada construyen, preparan y equipan nuevos espacios aislados en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el 15 de Azua, así como en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, La Vega, Mao, Valverde; la Isleta, en Moca, provincia Espaillat; Puerto Plata, Najayo Mujeres y Sancristobalense, en San Cristóbal, y Rafey, en la provincia Santiago.
Detalló que los nuevos espacios que se construyen en los centros penitenciarios de La Victoria, el 15 de Azua, La Romana, La Vega, Mao, Valverde, y la Isleta, en Moca, provincia Espaillat, funcionarán como centros regionales de atención primaria o fase de observación para los internos con eventuales síntomas relacionados al coronavirus.
En tanto, dijo, que para los eventuales privados de libertad que les confirmen la enfermedad, se utilizará y adaptarán los espacios recién construidos del Plan de Humanización que se encuentran en etapa final, incluyendo uso de las nuevas ampliaciones que se realizaban en los centros penitenciarios de Puerto Plata con 144 camas, Najayo Mujeres con 194 camas, Rafey con 288 camas y Sancristobalense con 188 camas.
La PGR reiteró que a la fecha no se ha reportado un privado de libertad con síntomas de coronavirus y que se trata de una medida preventiva y proactiva que ha sido adoptada con antelación a eventuales casos que pudieran presentarse en el sistema penitenciario nacional y que este plan de emergencia cuenta con la asesoría y asistencia del Ministerio de Salud Pública para mitigar el riesgo y prevención.
Agregó la institución, que esta nueva medida se suma a otras que han sido adoptadas para tratar de prevenir la propagación de la enfermedad y procurar el tratamiento adecuado a los privados de libertad que eventualmente pudieran resultar afectados.
