Más de 30 fiscales de P. Plata enfrentarán compra de cédulas y otros delitos en elecciones municipales

Osvaldo Bonilla

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PUERTO PLATA.-Más de 30 fiscales trabajarán para enfrentar la compra de cédulas y otros delitos electorales que se registren en las distintas comunidades de esta provincia en las votaciones a celebrarse el domingo, reveló a Elatlantico.do este martes el procurador fiscal de este distrito judicial Osvaldo Bonilla.

En efecto, el magistrado Bonilla explicó que se ha diseñado un plan de trabajo para los días sábado y domingo en donde los fiscalizadores trabajarán en cuatro grupos de cara a dar respuesta a situaciones que se presenten.

Un grupo de fiscales estará en los municipios Sosúa y Montellano y zonas aledañas; otro en el municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, mientras que otro frente de fiscales abarcará la parte Oeste de la provincia, comprendida por Altamira, Los Hidalgos, Luperón, Villa Isabela e Imbert.

“Tendremos cuatro grupos que estarán en sede de fiscalías específicas para atender cualquier problemática que se presente siempre en combinación evidentemente con la Policía Militar Electoral; las instrucciones que hemos dado es que tanto los fiscales como los miembros de los policía electorales es actuar de manera objetiva, ver la situación que se presente y tramitarla ante el Tribunal Superior Electoral que es el órgano correspondiente para conocer cualquier ilícito o crimen que se produzca en ese sentido”, aseguró Bonilla.

Fiscal de Puerto Plata Osvaldo Bonilla

Aunque dijo esperar que las votaciones transcurran en orden, el representante del Ministerio Público advierte que los fiscales actuarán de manera imparcial en dicho proceso si se presenta cualquier delito electoral, tal y como lo instruyó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Sin embargo, el fiscal de Puerto Plata exhortó al ciudadano que entienda que está siendo afectado por un posible crimen electoral tratar de grabar infraganti dicho delito para el Ministerio Público poder someter esa persona y el tribunal apoderado al momento de conocer el caso pueda encontrar pruebas fehacientes para tomar una decisión al respecto.

La 15-19 sobre Régimen Electoral castiga con penas de prisión desde 2 hasta 5 años la compra y venta de la cédula de identidad y electoral, al igual que seis meses de prisión a los funcionarios de colegios electorales que fueron acreditados para trabajar y otros delitos.

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