PUERTO PLATA.-La Inspectoría del Ministerio Público detuvo a la suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, con relación a dos acuerdos que dejaron en libertad a los feminicidas de Juana Domínguez Salas (Nona) y Anibel González, el cual fue ratificado por jueces de esa jurisdicción.
La suspendida fiscal está en estos momentos siendo interrogada en la Fiscalía de esa jurisdicción por miembros de Inspectoria Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desde hace varias semanas inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad a Johan Manuel Ramírez, acusado de haberle provocado la muerte a su pareja Juana Domínguez Salas (Nona) por asfixia por sofocación, en un hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado lunes 4 de noviembre, en el sector Villa Hermosa de San Pedro de Macorís.
La institución rectora del Ministerio Público explicó que la Inspectoría General del Ministerio Público realizaba la investigación en virtud de que se habrían cometido irregularidades en el acuerdo pleno firmado con el acusado por no estar autorizado, ya que los acuerdos plenos y parciales deben ser autorizados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y en los casos de tentativa de asesinato están prohibidos por instrucciones del procurador general de la República, Jean Rodríguez.
De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, el acuerdo pleno mediante el cual el feminicida Ramírez pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca, fue firmado por la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, extitular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, y el abogado del hoy feminicida Ramón Leonardo Sánchez Reyes, de la misma Oficina de Abogados del jurista Alexis Chanel Aponte, quien cumple prisión preventiva acusado de falsificar la firma de Anibel González en el acuerdo que favoreció con la libertad a su victimario Oscar Yasmil Fernández.
La PGR explicó mediante un comunicado de prensa que con las indagatorias del caso de Juana Domínguez Salas buscan recolectar las evidencias que les permitan determinar si la fiscal suspendida es reincidente en ese tipo de actuación y si junto a los abogados Sánchez Reyes y Chanel Aponte formaría parte de una asociación de malhechores dedicada a actuaciones orientadas a favorecer a condenados para que éstos obtengan la libertad.