{"id":619,"date":"2019-03-30T23:04:26","date_gmt":"2019-03-30T23:04:26","guid":{"rendered":"http:\/\/elatlantico.do\/?p=619"},"modified":"2019-03-30T23:10:46","modified_gmt":"2019-03-30T23:10:46","slug":"observatorio-electoral-para-determinar-noticias-falsas-es-un-riesgo-para-libertad-de-expresion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2019\/03\/30\/observatorio-electoral-para-determinar-noticias-falsas-es-un-riesgo-para-libertad-de-expresion\/","title":{"rendered":"Observatorio electoral para determinar noticias falsas es un riesgo para libertad de expresi\u00f3n en RD"},"content":{"rendered":"
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\nSANTO DOMINGO.-Al rendir el informe sobre la situaci\u00f3n de la libertad de prensa en la Rep\u00fablica Dominicana ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Cartagena de Indias, Colombia, Miguel Franjul, asegur\u00f3 que la aprobaci\u00f3n de la ley de partidos pol\u00edticos y la ley r\u00e9gimen electoral han despertado temores de resurgimiento de censura en el pa\u00eds.<\/p>\n

El vicepresidente regional de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa de la SIP para la Rep\u00fablica Dominicana afirm\u00f3 ambas leyes junto a otras que se discuten en el Congreso estar\u00edan formando un clima generalizado para impedir la difusi\u00f3n de denuncias de corrupci\u00f3n o de actos escandalosos de partidos y figuras pol\u00edticas.<\/p>\n

\u201cEl concepto de \u201ccomentarios negativos\u201d va m\u00e1s all\u00e1 de las figuras jur\u00eddicas de \u201cdifamaci\u00f3n\u201d o la \u201cinjuria\u201d, las cuales ya est\u00e1n sancionadas en el C\u00f3digo Penal vigente y en la Ley sobre Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del pensamiento. Puede considerarse comentario negativo cualquier cosa que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmaci\u00f3n sea verdad\u2019, manifest\u00f3 en un informe le\u00eddo esta tarde por la periodista Nuria Piera, miembro de la junta de directores.<\/p>\n

El director del List\u00edn Diario calific\u00f3 adem\u00e1s como \u201criesgoso\u201d para la libertad de expresi\u00f3n la creaci\u00f3n de un observatorio electoral para determinar las noticias falsas o verdaderas.<\/p>\n

Asimismo, deplor\u00f3 que durante el \u00faltimo semestre al menos 14 periodistas resultaron agredidos por agentes policiales mientras cubr\u00edan actividades, adem\u00e1s de que varios comentaristas de la radio y tv denunciaran que fueron inducidos a renunciar de los programas que laboraban por presiones del Gobierno contra propietarios de medios de comunicaci\u00f3n tras emitir sus opiniones en casos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Texto \u00edntegro del informe de la SIP<\/p>\n

Rep\u00fablica Dominicana
\nAa
\nInforme ante la Reuni\u00f3n de Medio A\u00f1o
\nDel 29 al 31 de marzo de 2019
\nCartagena de Indias, Colombia<\/p>\n

La aprobaci\u00f3n de dos leyes, una de partidos, agrupaciones y movimientos pol\u00edticos y otra que configura el r\u00e9gimen electoral, con disposiciones que amenazan la libertad de expresi\u00f3n de los ciudadanos en tiempos de campa\u00f1a proselitista, ha despertado los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura en el pa\u00eds.<\/p>\n

A la existencia de estas leyes podr\u00edan agregarse otras que se discuten en el Congreso sobre los medios de comunicaci\u00f3n que contemplan restricciones y normas inhibitorias.<\/p>\n

Con ellas, parece estar form\u00e1ndose un clima generalizado para impedir la difusi\u00f3n de denuncias de corrupci\u00f3n o de actos escandalosos de partidos y figuras pol\u00edticas. El argumento esgrimido es que est\u00e1n destinadas a proteger el honor sobre la base de criterios vagos sobre difamaci\u00f3n e injuria.<\/p>\n

La Ley Electoral esta contempla penas de hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para los delitos de difamaci\u00f3n e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos pol\u00edticos, y de 3 hasta 10 a\u00f1os a los que violaren normas \u00e9ticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicaci\u00f3n impresos, electr\u00f3nicos y digitales.<\/p>\n

En lo relativo a las leyes de Partidos y la de r\u00e9gimen electoral penalizan hasta con diez a\u00f1os \u201ccomentarios negativos\u201d contra precandidatos o candidatos.<\/p>\n

El concepto de \u201ccomentarios negativos\u201d va m\u00e1s all\u00e1 de las figuras jur\u00eddicas de \u201cdifamaci\u00f3n\u201d o la \u201cinjuria\u201d, las cuales ya est\u00e1n sancionadas en el C\u00f3digo Penal vigente y en la Ley sobre Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del pensamiento. Puede considerarse comentario negativo cualquier cosa que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmaci\u00f3n sea verdad.<\/p>\n

Se propuso adem\u00e1s un observatorio electoral para determinar las informaciones falsas o verdaderas lo que tambi\u00e9n resulta un mecanismo riesgoso contra la libre expresi\u00f3n.<\/p>\n

En ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresi\u00f3n la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicaci\u00f3n que ofrezca m\u00e1s garant\u00edas.<\/p>\n

En el \u00faltimo semestre se han producido 14 casos de periodistas que han padecido maltratos, agresiones y amenazas de muerte provenientes de agentes policiales y militares en la cobertura de eventos como de individuos y agrupaciones civiles.<\/p>\n

Al menos cinco connotados comentaristas de la radio y la televisi\u00f3n han denunciado que fueron inducidos a renunciar de los programas en los que trabajaban por presiones desde el gobierno contra los propietarios de los medios, a causa de sus continuas cr\u00edticas y denuncias sobre casos de corrupci\u00f3n. No se trat\u00f3 de expulsiones directas ni de cierre de sus programas, sino de cambios administrativos dispuestos por esos medios que los comunicadores no aceptaron.<\/p>\n

Persisten temores de que queden en la impunidad los cr\u00edmenes del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015 y de los comunicadores radiales Leo Mart\u00ednez y Luis Manuel Medina, en febrero del 2017.
\nLas audiencias judiciales del caso Olivo se han aplazado 316 veces en cuatro a\u00f1os. Por ese crimen seis personas acusadas de pertenecer a una banda de sicarios guardan prisi\u00f3n.<\/p>\n

En el caso de los comunicadores asesinados en una cabina de la estaci\u00f3n radial de la ciudad de San Pedro de Macor\u00eds, al este del pa\u00eds, todav\u00eda no se ha dado a conocer el informe de la investigaci\u00f3n ordenada por el Poder Ejecutivo que ser\u00eda la base para esclarecer un esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n denunciado por ambos con la venta de tierras del Consejo Estatal del Az\u00facar. El victimario de los periodistas muri\u00f3 horas despu\u00e9s del crimen en lo que se describi\u00f3 como un intercambio de disparos con la patrulla policial que lo persegu\u00eda. El juicio, por tanto, est\u00e1 estancado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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